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El caso sigue a la aplicación de la decisión de ABB para reestructurar sus operaciones en España y cerrar la línea de fabricación en su fábrica de Galindo en el País Vasco. ABB fue obligado a entrar en negociaciones formales con sus trabajadores hacia un procedimiento de regulación de empleo (ERE). Los trabajadores de Galindo se opusieron fuertemente a la reestructuración propuesta por ABB y no fueron aplacados por las generosas ofertas de la compañía de compensación y reciclaje de los empleados. Los trabajadores emplean una serie de estrategias para boicotear el ERE que incluye un llamamiento a los políticos locales y la participación en protestas públicas. Después de que las negociaciones fracasaron, se tomó la decisión final para aprobar el ERE por el Ministerio de Trabajo en Madrid.